La defensora Kenia Hernández se encuentra privada de libertad desde hace 20 meses en un penal de máxima seguridad, el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el Estado de Morelos, sometida a un régimen carcelario restrictivo, inhumano y desproporcionado derivado de su criminalización como defensora de derechos humanos, vulnerando sus derechos fundamentales y los de sus familiares y poniendo en peligro su vida y su integridad física, psicológica y emocional.
Kenia Hernández ha denunciado las condiciones inhumanas que enfrentan tanto ella como las otras mujeres privadas de la libertad de ese penal, donde recientemente se ha registrado la muerte de tres internas por supuesto suicidio y de dos más por falta de asistencia médica; los incidentes de violencia son una constante y en distintas ocasiones estos son promovidos por las propias autoridades.
Entre las condiciones de privación de libertad denunciadas por Kenia Hernández destacan las dificultades de acceso a consultas médicas (incluida ginecológica, a pesar de tratarse de un centro de privación de libertad para mujeres), así como restricciones en el acceso a agua potable. Además, la defensora se ve sometida a una grave situación de aislamiento, la lejanía con sus hijos impide que puedan visitarla y que solo puedan verse cada seis meses; mientras que la comunicación por medio de llamadas se ve limitada a 10 minutos cada 8 días. También hay control respecto de su correspondencia, lo que ha implicado no trasladarle insumos, ni siquiera comunicaciones de las autoridades judiciales. Enfrenta restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a visitas de organizaciones de derechos humanos.
Kenia Hernández es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del Estado de Guerrero. Es integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Desde 2020 está siendo criminalizada por la supuesta comisión de delitos de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma”, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses, relacionados con actos legítimos de ejercicio del derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos.
En este proceso de criminalización se han abierto contra ella 7 causas penales, cinco de ámbito federal y dos del fuero común, en el Estado de México, y hasta la fecha ha sido condenada en dos de los casos, a 11 años y 3 meses, y a 9 años y 2 meses de cárcel, respectivamente. Durante su encarcelamiento, Kenia ha emprendido dos huelgas de hambre de dos meses de duración cada una, para denunciar el hostigamiento judicial que vive y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad y riesgo.
Kenia Hernández no debe estar presa, pues ejercer el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos no es un delito; pero incluso con base en los delitos que le imputan tampoco debería estar en un penal de máxima seguridad, donde su vida y su integridad corren peligro. Mantenerla presa allí solo puede ser interpretado como un acto arbitrario de ensañamiento contra ella y contra la defensa de los derechos humanos.
Por todo ello, desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la IM-Defensoras, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, Front Line Defenders y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, demandamos a las autoridades competentes el traslado inmediato de Kenia Hernández a otro centro penitenciario así como su pronta liberación. Asimismo, hacemos responsable al Estado mexicano, en todos sus niveles, de la vida y la integridad de Kenia Hernández y de cualquier vulneración a las mismas.
